Los nuevos precios medios de la gasolina de 95 octanos se fijan en 1,397 euros el litro y en 1,304 el gasóleo, lo que suponen descensos respecto a la pasada semana del 0,43 % y del 0,38 %, respectivamente.
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Los márgenes de beneficios de los carburantes alcanzan un 20%
Este diagnóstico ha animado además al organismo a publicar junto al informe un documento de 23 medidas para mejorar la competencia en el sector, en el que figuran propuestas como las de promover la entrada de más operadores en el negocio de las estaciones de servicio.
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La gasolina y el gasóleo vuelven a subir
En concreto, el precio del litro de gasolina se ha situado en 1,475 euros, tras repuntar un 0,95%, mientras que el de gasóleo ha marcado los 1,415 euros, tras subir un 0,28%, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) recogidos por Europa Press.
La gasolina y el gasóleo se abaratan hasta un 2,6%
De esta manera, los carburantes se alejan de los máximos anotados a finales de agosto, cuando la gasolina alcanzó los 1,522 euros el litro y el gasóleo, los 1,445.
El barril de ‘brent’ baja de los 100 dólares por el temor a una recaída global
Basado en el artículo de Alicia González
El precio del petróleo acumula en los últimos siete días la mayor caída semanal de los últimos trece años. El barril de brent cotiza en torno a los 98 dólares, niveles no vistos desde febrero de 2011, y acumula, desde máximos de abril, un descenso superior al 20%. El movimiento es fiel reflejo de las dudas de los inversores sobre la marcha de la economía global, convulsionada por el impacto de la crisis de deuda europea, y ahí el ritmo lo marca España. “Desde el 18 de abril, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó las previsiones de crecimiento, los movimientos del mercado han estado básicamente marcados por las noticias relacionadas con España e Irán”, asegura Antonio Merino, director de Estudios y Análisis del Entorno, de Repsol.
Vídeo: Adictos al Petróleo – Los nuevos dueños del mundo
Vídeo: El poder del petroleo
El nacionalismo económico argentino es uno de los enemigos del crecimiento económico
El anuncio de la presidenta de Argentina de nacionalización del 51% de YPF, filial de la española Repsol, está cargado de consecuencias de diversa índole, no solo económicas, cuyo saldo final será fatalmente adverso para la economía de aquel país. El efecto más inmediato y evidente es la renovada desconfianza con la que cabe contemplar las instituciones que gobiernan el país y las políticas que aplican. En las relaciones económicas internacionales actuales, la ausencia de riesgo regulatorio es la condición necesaria para beneficiarse del elevado grado de integración económica y financiera global, de la movilidad internacional de los flujos de inversión. Y Argentina necesita inversión, no solo por la propia aportación de los flujos de capital, sino por la necesidad de incorporar técnicas de gestión y prácticas homologables con las economías modernas. Una expropiación como la de YPF no solo es contraria a una gestión económica democrática, sino que reduce las posibilidades de bienestar de la población y de mejora de la calidad empresarial.
El nacionalismo económico, aunque de fácil recurso por algunas tradiciones ideológicas y algunos gobernantes, es uno de los enemigos del crecimiento económico. La experiencia dice que el proteccionismo tampoco acaba siendo rentable políticamente. Es verdad que a tenor de la tibia reacción diplomática en EE UU y la UE, el Gobierno argentino puede considerar que los costes externos de esa decisión no serán tan elevados como cabía suponer. Más allá de los apoyos explícitos a España de Reino Unido y México, los demás países que cuentan en la escena global han optado por mirar hacia otro lado. A las autoridades españolas debe preocuparles mucho más la parquedad europea. La retórica de la integración económica y política europea sigue sin expresarse en actuaciones concretas. Y esta era una oportunidad para ilustrar que la UE es algo más que una colección de países con un mercado común. En esta ausencia de apoyo significativo a España habrá influido probablemente la torpeza negociadora de las autoridades españolas e incluso el amago de Repsol de vender YPF a capital chino antes de la expropiación. Conviene que se aclaren suficientemente unos y otros, porque no es esa la única empresa con importantes inversiones en aquel país.
Argentina es el tercer país, detrás de Brasil y México, por valor del stock de inversión directa española. España seguía siendo el principal inversor extranjero. Casi la totalidad de las empresas más importantes y de mayor capitalización bursátil de nuestro país tienen intereses en aquel país, a pesar de la menor intensidad que han registrado los flujos de ese tipo de inversión en la última década. Sería un error minimizar la significación de la nacionalización amparándose en el descenso de los flujos comerciales entre ambos países en estos últimos años. Que apenas ningún Gobierno de América Latina haya apoyado la decisión argentina no quiere decir que debamos pasar por alto algunos de los argumentos de conveniencia utilizados para legitimar la expropiación. Lamentablemente, la escena global no está exenta de otras tentaciones proteccionistas y conviene no echar en saco roto el precedente argentino, no por lamentable menos significativo.
La Eurocámara debate la respuesta a la expropiación de YPF por Argentina
El debate “Por la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la UE” se introdujo en la agenda a petición del Partido Popular Europeo (PPE) y con el apoyo del otro gran grupo político del hemiciclo, la Alianza de socialistas y demócratas europeos (S&D).
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Repsol ha llegado a un acuerdo con Sacyr para comprar el 10 % de la participación del 20 % que tiene la constructora en la petrolera española
La operación se enmarca en el proceso de refinanciación del crédito de 4.900 millones que sustenta la participación de la constructora española Sacyr en Repsol y que tenía como fecha límite mañana. En el marco de estas negociaciones para refinanciar, se había hablado de la venta a un tercero de parte, entre un 8 % y un 10 %, de la participación de la constructora en la petrolera.
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