El Gobierno ha aprobado hoy una nueva reforma financiera, la segunda financiera de su mandato, para endurecer las provisiones de los créditos inmobiliarios ‘sanos’, lo que obligará a las entidades a movilizar unos 30.000 millones de euros.
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“Uno de los objetivos principales de la nueva ley, que queremos presentar en junio, es la de facilitar el despliegue de nuevas redes. Existe un conjunto de normativas autonómicas y locales excesivamente complejo, que regulan sin ciclos competenciales claros”, ha explicado Calvo Sotelo, quien ha añadido que esta cuestiones afectan el despliegue de las redes.
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En una entrevista en Onda Cero, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que “no está decidido que haya dinero público en esta operación”, pero “si eso fuera necesario para salvar al sistema financiero no renunciaría” a hacerlo, tal y como ha ocurrido en otros países europeos y en España en el pasado a través del FROB, ha recordado.
La Ley reserva mecanismos de tutela sobre las administraciones que no lleven a raja tabla sus cuentas, que serán supervisadas, como explica el propio Beteta, por los funcionarios.
Ésta es una de las propuestas que llevará el Ministerio al Consejo Interterritorial de Salud después de consultar posibles iniciativas de ahorro con los consejeros autonómicos de Sanidad, y que se aprobará previsiblemente en el Consejo de ministros del viernes mediante un real decreto.
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La prima de riesgo de España, que mide el diferencial entre el bono español a diez años y el alemán del mismo plazo, caía en la apertura de la sesión hasta 428 puntos básicos, seis menos que al cierre precedente, pese a que el rendimiento del bono español superaba el 6 %.
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Soria ha recordado que este incremento en la factura de la luz “viene impuesto” por un auto del Tribunal Supremo en el que se obliga a refacturar los consumos de más de 20 millones de clientes desde octubre del año pasado para recoger los costes reales del sistema eléctrico.
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La Cámara Baja convalidará esta cifra decidida por el Consejo de Ministros del pasado 2 de marzo y que conlleva una bajada del déficit público desde el 8,51 % hasta el 5,8 % del PIB, es decir, un ajuste de 29.000 millones de euros.
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Así lo ha señalado Rajoy durante el encuentro que ha mantenido en Moncloa con los principales proveedores a los que afectará la medida, a los que ha dicho que el Gobierno actúa en cuatro frentes para hacer frente a la difícil situación: controlar el déficit, tomar medidas que impulsen la competitividad, abordar la reestructuración financiera e impulsar medidas que ayuden a paliar la situación, como el pago a proveedores.
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“Una vez tengamos claridad sobre las cifras, la Comisión Europea hará su análisis y si fuera necesario hará sus recomendaciones bajo el artículo 126 del Tratado”, señaló el portavoz europeo para Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj.
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