El ‘crowdfunding’ respira en España

Fuente: http://www.expansion.com/2014/05/16/emprendedores-empleo/emprendimiento/1400261578.html

La unión hace la fuerza. Y se ha demostrado en los cambios que el Gobierno está planteando para el Anteproyecto de Ley que regula el crowdfunding, que se han anunciado tras las reuniones mantenidas con las plataformas de financiación colectiva. “Este giro de la Administración se debe a que nos hemos sentado con el Ejecutivo para negociar las medidas de la norma”, asegura Miguel Ángel Trujillo, socio de BA International Partners y director en España de la firma de equity crowdfunding FundedByMe.

Hace unos días el ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo públicas algunas de las modificaciones que se incluirán en la Ley que regula la financiación colectiva. De Guindos aseguró que los límites a la inversión, que establecían un máximo de 3.000 euros por proyecto y de 6.000 euros por plataforma, no se impondrán para profesionales. Esta figura, en cualquier caso, todavía no está bien definida, pues el Gobierno considera inversor profesional a aquel que cuente con una renta disponible de al menos 100.000 euros; mientras que las plataformas creen que este nuevo límite no responde a la realidad. “Hay muchos ciudadanos de clase media que invierten en bolsa, por ejemplo”, denuncia Álvaro Cuesta, director de Sonar Ventures, quien recuerda, además, que “estar bien informado y conocer los riesgos de la inversión es lo que garantiza la profesionalidad de un inversor y no sus ingresos”. Aún así, Cuesta reconoce que el Ejecutivo ha encontrado, más o menos, el equilibrio aunque todavía queden puntos qué discutir. Qué piden Las plataformas no sólo reclaman una mejor definición de inversor profesional, también creen que debería agilizarse por parte de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Interior los trámites y requisitos para la formalización de la inversión en empresas españolas por parte de inversores extranjero. Además, piden que se amplíe hasta los dos millones de euros el importe máximo de captación de fondos por proyecto de financiación participativa a través de las firmas de crowdfunding, que se sitúa ahora en el millón de euros. Consideran que de este modo podrá coincidir con el límite mínimo del valor estimado de las acciones susceptibles de incorporación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Miguel Fernández Lapique, cofundador de Imaste, cree que la ley debería aspirar a ser más ambiciosa para que cubriera aspectos como la venta de participaciones a través de Internet y dar mayor seguridad jurídica a todas las partes implicadas.

Álvaro Cuesta llegó incluso a plantear una casilla de la declaración de la renta para financiar proyectos de crowdfunding. “Ésta es una iniciativa que ya hemos propuesto en las reuniones con el Ejecutivo a propósito de la Ley de Emprendedores”.

Jesús Santos, consejero delegado de Brokerstarts, es más crítico. Este emprendedor cree que “habría que replantear el anteproyecto desde el principio. Está bien proteger al inversor, pero conceptualmente parece una norma excesivamente paternalista. Le falta sensatez”. Para Santos, “el verdadero problema es que se está tratando esta vía de financiación como una amenaza en lugar de considerarse como un nuevo nicho de riqueza para el país”. Y para muestra, Italia. Miguel Ángel Trujillo pone a Roma como ejemplo de lo que no debería hacer el Gobierno español: “Italia se ha cargado la industria con una legislación que obliga a las start up de tinte innovador a estar registradas como empresas para poder acceder a la financiación colectiva”. Otros países europeos como Reino Unido y Alemania cuentan con regulaciones mucho más flexibles, aunque Londres ha decidido establecer también ciertos límites. En cualquier caso, si quisiéramos competir con Estados Unidos lo ideal sería aprobar una directiva a nivel europeo. Al menos esto es lo que defiende el director en España de FundedByMe.

Deseos aparte, lo que está claro es que las plataformas de equity y lending no se han quedado quietas. Tras el globo sonda que lanzó el Gobierno a finales de febrero, las afectadas se han unido para intentar limar la norma. Pero el ejercicio de presión no terminará aquí. Las plataformas ya han aclarado que esta negociación se antoja larga. Las claves del anteproyecto * Las plataformas de crowdfunding deben registrarse en el Banco de España y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

* Las plataformas de financiación colectiva deberán contar con un capital social igual o superior a 50.000 euros, o disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente con una cobertura mínima de 100.000 euros por reclamación de daños y un total de 150.000 euros anuales para todas las reclamaciones.

* El importe máximo de captación de fondos por proyecto se establece en un millón de euros.

* Los inversores no profesionales sólo podrán financiar un máximo de 3.000 euros en el mismo proyecto y 6.000 euros por plataforma, en un periodo de 12 meses.

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