Aparecen a escena las entidades de capital-riesgo-pyme

Fuente: El Economista

El Ministerio de Economía ha decidido crear la figura de las entidades de capital-riesgo-pyme, que, les permitirá invertir un 70 por ciento de su patrimonio en participaciones de pequeña y mediana empresa (pyme), participando en su gestión y haciendo labores de asesoramiento. Este porcentaje de inversión podrá materializarse en acciones u otros valores o instrumentos financieros que puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de aquellas y participaciones en el capital, en préstamos participativos; y en instrumentos financieros híbridos siempre que la rentabilidad de dichos instrumentos esté ligada a los beneficios o pérdidas de la empresa y que la recuperación del principal en caso de concurso no esté plenamente asegurada.

También, podrán invertir estas entidades en instrumentos de deuda con o sin garantía de empresas en las que ya tenga una participación a través de alguno de los instrumentos anteriores, así como en acciones o participaciones en otras entidades de capital-riesgo-pyme constituidas de acuerdo con los requisitos de la futura norma. Esta nueva figura se crea a través del Anteproyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que Economía acaba de remitir al Consejo de Estado.

La Ley regula las condiciones de acceso a la actividad y de ejercicio de las sociedades gestoras de entidades de inversión cerrada domiciliadas en España, y regula los requisitos que deberán cumplir estas sociedades cuando pretendan gestionar y comercializar entidades de inversión extranjeras. Igualmente introduce los requisitos que deberá cumplir toda sociedad gestora extranjera que comercialice entidades de inversión extranjeras en España y la citada nueva figura de las entidades de capital-riesgo-pyme.

Este tipo de sociedades gozarán de un régimen financiero más flexible, pudiendo hacer un mayor uso tanto de préstamos participativos, como de deuda para proveer de financiación a estas pymes. Su regulación pretende impulsar el sector de capital-riesgo orientado a las etapas tempranas de desarrollo de las empresas, que ha tenido un crecimiento menor y ofrecer a este tipo de empresas una alternativa eficaz a la financiación bancaria. Las entidades de capital-riesgo-pyme tendrán que adecuar su política de inversiones a los criterios establecidos en sus estatutos o reglamentos de gestión y en el momento de la inversión las sociedades sobre las que actúen no deberán estar admitidas a cotización en un mercado secundario regulado o sistema multilateral de negociación y habrán de tener menos de 250 empleados o bien su activo anual no deberá superar los 43 millones de euros, o su volumen de negocios anual no supere los 50 millones de euros. Además, deberán estar establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, siempre que dicho tercer país no figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sobre el Blanqueo de Capitales y haya firmado con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. La norma excluye, además, como beneficiarios de estos servicios a las instituciones de inversión colectiva, así como las empresas financieras o de naturaleza inmobiliaria. El resto del activo no sujeto al coeficiente obligatorio de inversión determinado en el artículo anterior podrá mantenerse.

El resto del activo no sujeto al coeficiente obligatorio de inversión podrá destinarse, entre otros asuntos, a la inversión en valores de renta fija negociados en mercados regulados, en mercados secundarios organizados o en participaciones en el capital de empresas distintas de las que son objeto de su actividad, incluidas participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva y en entidades de capital riesgo que no sean entidades de capital-riesgo-pyme.

Estas entidades no podrán invertir más del 40 por ciento de su activo computable en el momento de la inversión en una misma empresa, ni más del 40 por ciento en empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades.

Finalmente, sólo podrán invertir en titulizaciones cuyo originador retenga al menos el 5 por ciento y estarán sometidas a los límites a las posiciones de titulización previstos en el Reglamento Delegado (UE) 231/2013 de la Comisión de 19 de diciembre de 2012 por el que se complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las exenciones, las condiciones generales de ejercicio de la actividad, los depositarios, el apalancamiento, la transparencia y la supervisión. El capital social suscrito mínimo será de 1.200.000 euros, debiéndose desembolsar en el momento de su constitución, al menos, el 50 por ciento y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres años desde la constitución de la sociedad. Los desembolsos del capital social mínimo deberán realizarse en efectivo, en activos aptos para la inversión de las ECR o en bienes que integren su inmovilizado.

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